Según un trío de grupos de derechos civiles, más de 70 organismos encargados de hacer cumplir la ley en California están infringiendo la legislación estatal al compartir datos de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con organismos de otros estados, lo que pone en peligro a quienes buscan abortar fuera del estado.
La Electronic Frontier Foundation y las secciones de la American Civil Liberties Union del norte y el sur de California enviaron cartas a 71 organismos -incluido el Departamento de Policía de Folsom- en las que les daban de plazo hasta el 15 de junio para dejar de compartir datos de matrículas con estados que penalizan el aborto.
A través de varias solicitudes de registros públicos, la EFF descubrió que los organismos encargados de hacer cumplir la ley que figuraban en la lista compartían datos de matrículas con organismos de otros estados, información delicada sobre dónde viven, trabajan o buscan servicios de salud reproductiva y otros tipos de atención médica las personas.
Con apoyo de AI Criptonauta
